miércoles, 6 de enero de 2010

Reflexiones económicas sobre la reforma política


En un artículo de 2004 de Alberto Díaz Cayeros (ver acá) se habla sobre la problemática del sistema de recaudación en México. Una de las ideas fundamentales del mismo, es que el arreglo institucional mediante el cual se define el presupuesto público funciona de la siguiente manera: los gobiernos estatales ceden a la federación su facultad para cobrar y administrar impuestos, a cambio de recibir aportaciones año tras año. Con ello los estados se ahorran la estructura recaudatoria así como el costo político que conlleva el cobro de impuestos. La situación es conveniente para la federación pues le permite controlar a plenitud la política recaudatoria, otorgándole un amplio margen de maniobra. Sin embargo esta forma de negociar el presupuesto ha comenzado a ponerse en duda a inicios de este 2010.

Por ejemplo, se ha comenzado a cuestionar la viabilidad de que el ejecutivo de forma unilateral realice aumentos en energéticos (luz,diesel, gasolinas,gas) o establezca salarios mínimos. Al respecto, los legisladores han indicado que esta atribución debiera estar en el propio congreso. Por su parte el ejecutivo revira a los legisladores argumentando que toda propuesta económica que se integra a la ley de ingresos y de egresos (incluídos subsidios e impuestos) es una responsabilidad compartida tanto para el ejecutivo federal, el congreso y los gobiernos estatales.

Esta situación es la que probablemente haya motivado la propuesta de reforma política planteada por Calderón a finales del año pasado, misma que pasó prácticamente inadvertida pese a que contiene algunos puntos interesantes que podrían resolver la falta de acuerdos. Conviene recordar a grosso modo los principales puntos de la misma (ver acá):

1.- Permitir la reelección de diputados federales, diputados locales, de la asamblea del D.F., de presidentes municipales y jefes delegacionales del D.F. hasta por 12 años.

2.- Reducir el número de integrantes en el congreso federal. Se propone eliminar 32 senadores plurinominales reduciendo esta cámara a 96 senadores. Para el caso de los diputados se propone reducir de 500 a 400 diputados, prescindiendo de 100 plurinominales.

3.- Se propone aumentar el número de votos para que un partido político conserve su registro, pasando del 2% al 4%. También se propone incluir las candidaturas independientes, es decir de personas que no pertenezcan a un partido político en particular.

4.- Incorporar la figura de Iniciativa Ciudadana, para que los ciudadanos puedan proponer iniciativas de Ley ante el Congreso de la Unión, atribución. También se propone otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia (normatividad en materia de amparos, controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad).

5.- Adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República. Esto es, que si en la elección a Presidente ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se pasará a una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

6.- Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada primer período ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya dicho período. En caso de que el Congreso no dictamine y vote en cualquier sentido sobre la iniciativa, esta se consideraría aprobada. Las iniciativas de reforma constitucional presentadas bajo este procedimiento serían sometidas en caso de no existir decisión por el Congreso, a un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre su eventual aprobación.

7.- Facultar al Ejecutivo Federal para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación.

De este conjunto de propuestas conviene realizar algunos comentarios:

a) En el sistema político actual se muestra la incapacidad para establecer acuerdos, por ello se busca la reducción del número de jugadores (menos partidos, menos legisladores y senadores). Adicionalmente, se aspira al establecimiento de un esquema de incentivos (premios y castigos) que se piensa, profesionalizará a los políticos mexicanos. Esta idea parece ser provocadora, principalmente en el año en el cual se celebra el centenario de la Revolución, movimiento el cual tuvo como uno de sus lemas "sufragio efectivo y no reelección". Sin embargo, sin caer en filias o fobias, se debe reconocer que esta propuesta solamente legalizaría una práctica común de nuestros políticos, la cual coloquialmente se ha denominado como "comportamiento chapulín" ya que se asocia con la renuncia de políticos antes de que terminen sus períodos para buscar nuevos cargos.

b)Durante el período en el que PRI gobernaba, el poder legislativo estaba sujeto a los designios del presidente. Esto explica en buena medida por qué no se percibe en esa etapa de la historia una "parálisis legislativa". A partir de 1997 y hasta la fecha, el Presidente ha tenido que negociar con los diputados para establecer acuerdos que han permitido el surgimiento de nuevos liderazgos (gobernadores, presidentes de partido, representantes de grupos parlamentarios o de comisiones) los cuales complican aún más el proceso. Así, la correlación de fuerzas ha cambiado a favor de los diputados federales sin que exista un contrapeso a su comportamiento. Lo planteado en los cuatro primeros puntos así como en el sexto y séptimo punto, tiene la finalidad de crear mecanismos para contener excesos en los legisladores.

c) Finalmente, la introducción de una segunda vuelta y que esta se haga a la par de la elección de diputados federales puede servir para evitar que el ejecutivo cuente con una baja legitimidad, pero además para que se generen efectos en la elección a diputados derivados de la elección a Presidente. Se asume que a la par del aumento en legitimidad, el candidato electo gozaría de una mayor cantidad de diputados afines a sus propuestas lo cual nuevamente reduciría la incapacidad de establecer reformas que permitan la aplicación de programas de gobierno.

Una reforma política en estos momentos podría parecer drástica, incluso innecesaria, sobretodo cuando lo que le importa más a las personas en estos momentos es el bolsillo. Sin embargo,
la evidencia en relación al camino por el que han transitado los países desarrollados indica que existe una correlación entre reformas políticas y económicas. A ultimas fechas, tanto se ha puesto a Brasil de ejemplo, que sería adecuado observar como este país fue construyendo esquemas de pesos y contrapesos poíticos que facilitaron la adopción de una plataforma económica consensada. Desde mi punto de vista, no existe un argumento de peso por el cual no se puedan discutir simultáneamente propuestas económicas y políticas. Sobretodo cuando una buena parte de la tarea legislativa se centra en la presentación, discusíon y aprobación de iniciativas en materia económica.

Por cierto, ¡Feliz 2010!

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